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PREGUNTAS FREQUENTES

1. ¿CUÁNTAS PLANTAS PUEDO TENER?

Desde un punto de vista penal, en primer lugar tenemos que tener en cuenta una serie de cosas para poder acercarnos a la respuesta correcta. La ley penaliza la venta de droga a terceros, pero no el consumo que una persona pueda hacer en su domicilio particular. Por lo tanto, para que un juez condene por tráfico de drogas, habrá de valorar una serie de indicios que lo lleven a concluir que esas plantas están siendo vendidas a terceras personas.

Estos indicios serían: la cantidad de marihuana destinada al consumo (cogollos y hojas pegadas a estos), existencia de alguna balanza para el pesado de la droga, movimiento de entrada y salida de personas en ese domicilio, bolsitas para separar la droga, que esas personas ostenten un nivel de vida superior al acorde con sus ingresos del trabajo, o la pertenencia a alguna asociación cannábica (esto para demostrar que estas personas son consumidoras habituales de cannabis).

Por lo tanto para saber cuántas plantas puedo o no puedo tener y evitar tener problemas penales, habría que hacer una media de cuanto pueden consumir en un año el total de personas consumidoras de cannabis de ese domicilio. No es lo mismo una plantación de exterior (anual) que una de interior (con ciclo de consumo inferior).

Tampoco es tan importante el número de plantas como el peso final en cogollos que se obtiene de las mismas, por lo tanto una persona debe hacer una estimación de lo que va a consumir y plantar acorde con esa circunstancia. Como dato podemos decir que el Tribunal Supremo ha llegado a admitir que una persona puede consumir 20g de marihuana al día.

Ahora bien, desde un punto de vista administrativo-sancionador, en atención a la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana, las conductas sancionables son varias, en concreto, el consumo o la tenencia en vía pública, que la plantación sea visible por el público, facilitar a alguien él traslado para conseguir sustancia, y, en atención a los titulares de locales con acceso al público, permitir o tolerar el consumo en el mismo. En estos casos las cantidades para la conducta sea sancionable son mínimas, habiendo producido casos de sanciones con 0,5 gramos, o incluso menos.

2. ¿CUÁNDO SE INICIA EL PLAZO PARA RECURRIR UNA DENUNCIA POR TENENCIA Y/O CONSUMO EN LA VÍA PÚBLICA?

Desde el día en que se te incauta la sustancia, la administración tiene un plazo de 1 año para notificarte la propuesta de inicio del expediente sancionador (plazo de prescripción de la infracción). Una vez te notifican la propuesta de inicio (primera carta), el sancionado puede pagar la sanción en el plazo de 15 días y acogerse a una reducción por pronto pago del 50% del valor de la sanción, renunciando, eso sí, a presentar escrito de alegaciones.


Cuando recibamos la resolución del expediente, si nos confirman la sanción, podremos recurrir nuevamente, esta vez en “alzada” al órgano administrativo superior jerárquicamente al que nos ha puesto la sanción, el Ministerio del Interior del Interior.

Una vez que también nos confirman la sanción por parte de este órgano superior jerárquico, solo nos quedaría recurrir a un “juez imparcial” de la jurisdicción contenciosa-administrativa. Otra opción sería pagar la sanción en el plazo de 15 días, perder el derecho a presentar alegaciones en vía administrativa, y recurrir directamente en el plazo de dos meses al “juez imparcial” en vía judicial e intentar que nos devuelvan el importe de la sanción.

3. ¿PUEDEN PARARNOS SIN NINGÚN MOTIVO Y PONERNOS UNA MULTA?

El art. 20 de la nueva Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana, dice que se podrá practicar un registro corporal externo y superficial cuando existan indicios racionales para suponer que con este registro se puedan hallar instrumentos o efectos relevantes para las funciones de prevención que se encomiendan a la Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Por lo tanto si el agente de la autoridad cree que hay indicios para suponer que se está cometiendo una infracción administrativa (tenencia de cannabis): podrá cachearte.

En la anterior ley se exigía en el art. 19.2 que el registro se hiciera para el descubrimiento y detención de los partícipes en un hecho delictivo. Por esta razón, la policía siempre solía decir que la droga se entregó de motu proprio (pues al no haber indicios de comisión de delito, el registro sería ilegal).

Este artículo 20 de la ley “mordaza” dice que el registro habrá de hacerse por una persona del mismo sexo, y en caso de tener que dejar al descubierto partes íntimas, este deberá hacerse en un lugar reservado o apartado. En conclusión, como la tenencia es sancionable administrativamente, si ellos creen que hay indicios para pararte y cachearte, podrán imponerte la sanción en caso de incautarte droga, y todo ello pese a que la tenencia en poco o en nada afecte al “orden público” o a la “seguridad ciudadana”.

Cuando te llegue la propuesta de inicio del expediente sancionador, siempre podrás alegar que el registro se hizo de una manera ilegal, aunque las declaraciones de los agentes tengan presunción de veracidad.

4. ¿HAY ALGÚN TRUCO PARA NO PAGAR UNA MULTA? ¿ES CIERTO QUE SI NO RECOGEMOS NINGUNA CARTA DE CORREOS NUNCA NOS PODRÁN OBLIGAR A PAGAR?

El único motivo por el que se puede evitar el pago de una multa es, en un primer momento, por la prescripción sanción, y esta se produce cuando transcurre más de un año entre el día de los hechos que dan origen al procedimiento sancionador y la notificación con el acuerdo de iniciación del mismo. En ese caso la infracción estaría prescrita y no tendríamos que pagar la sanción.

Si por el contrario no se recoge la notificación, la sanción se entendería notificada finalmente a través, por ejemplo, de edictos en el tablón del ayuntamiento donde se tuvo el último domicilio o a través del Boletín Oficial de la Provincia y/o Comunidad Autónoma del municipio donde se tuvo la última residencia, en ese caso lo único que se conseguiría seria perder la posibilidad de presentar alegaciones (de defendernos), nada más, en modo alguno se evitaría el pago de la sanción.

Volviendo a los plazos, cuando se notifican la primera carta (propuesta de inicio del procedimiento sancionador) se dispone de quince días para presentar escrito de alegaciones o para acogerse a la “reducción por pronto pago” del 50% del valor de la sanción. Eso sí, hay que tener en cuenta que si decide pagar el 50% de la sanción se renuncia implícitamente a recurrir en vía administrativa (recursos a la administración), ya solo quedaría en ese caso la posibilidad de recurrir a un “juez imparcial” en la vía judicial (procedimiento contencioso administrativo).

La mejor técnica para no evitar el pago de la sanción es agotar todos los recursos posibles en vía administrativa e intentar que no te confirmen la sanción o que se les pase el plazo, el objetivo sería en todo caso conseguir la caducidad del expediente administrativo sancionador.

Ahora, con la nueva Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana, la reducción por pronto pago va a hacer que mucha gente valore la posibilidad de recurrir o no, en definitiva se decide si se para la sanción completa o la mitad de la misma. También se ha ampliado el plazo que tiene la administración para resolver el procedimiento después de que presentemos las primeras alegaciones, siendo ahora de un año en vez de los seis meses de antes, lo que proporciona a la administración más expectativas de cobro de sus multas.

Otro modo de evitar el pago de la sanción era, ya ha desaparecido con la nueva ley, el sometimiento a un tratamiento de deshabituación reconocido en el Art. 25.2 de la antigua ley de seguridad ciudadana, que ahora solo es posible para sancionados menores de edad, todo esto evidencia, una vez más, el fin recaudatorio de esta nueva ley.

5. ¿POR QUÉ DEBEMOS RECURRIR UNA MULTA?

Motivos para recurrir una sanción hay muchos, pero sobre todo es importante recurrir porque recurrir significa no resignarse, significa decirle al estado que no estamos de acuerdo con una política concreta, en este caso con la actual política de drogas, pero sobre todo significa reivindicar los derechos como consumidores y usuarios de cánnabis tenemos y más frente a este tipo de sanciones donde entendemos prima un fin casi únicamente recaudatorio y no tan resocializador, como debiera ser en un estado de derecho.

Otro apunto a valorar a la hora de decidir si se recurre o no es saber las posibilidades que tenemos, para eso debemos estar a cada caso en concreto, valorar los hechos por separado y decidir en consecuencia. Puede ser que no se hayan incautado sustancia alguna, que el registro haya sido ilegal, que la sanción sea desproporcionada, etc.

La imposición de una sanción se hace siguiendo un procedimiento justo y con unas garantías que la administración está obligada a cumplir, ahora el hecho de que sea la misma administración la que sanciona y la que resuelve los recursos limita mucho las posibilidades de que a lo largo del procedimiento se cambie de opinión y se archive la sanción, por ello se deben agotar todas las vías de recurso, recurriendo incluso al Ministerio del Interior. Ahora con la técnica de la “reducción por pronto pago” la administración trata de ahorrarse muchos recursos y asegurarse rápidamente así el pago de las multas. Pero lo que supone acogerse a la reducción y no recurrir es que la sanción, aunque realmente se te haya incautado la sustancia y seas “culpable” (aunque para nosotros esto no afecta al “orden púbico” ni a la “seguridad ciudadana”), es que esa sanción se te impondrá mediante una técnica de chantaje y compra de tu derecho a recurrir y sin las garantías formales que proporcionan los recursos.

6. ¿QUÉ TENEMOS QUE HACER Y DONDE TENEMOS QUE IR PARA REGISTRAR UNA ASOCIACIÓN DE ESTUDIOS Y USUARIOS DEL CÁNNABIS?

Sobre todo lo primero que hay que tener en cuenta es que se trataría en todo caso de una asociación sin ánimo de lucro de las reguladas en la Ley Orgánica 1/2002 de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación. Se trata de una ley de rango superior, al ser la materia que regula un derecho fundamental: el derecho de asociación.

Lamentablemente no tenemos, aún, una Ley Reguladora de las Asociaciones de Cánnabis específica a nivel estatal, por el contrario ya varias autonomías han planteado o incluso aprobado normativa al respecto, como en el caso de Navarra, donde actualmente se encuentra suspendida su aplicación debido a suspensión de su aplicación por el gobierno central.

Para el registro de las asociaciones cada autonomía tiene un registro de asociaciones, este organismo dependiendo de cada comunidad os remitirá a una consejería u otra, bien para que remitáis la documentación telemáticamente, a través de correo postal o para llevarla en persona al registro que corresponda. Para obtener más información, para evitar problemas futuros, y para un asesoramiento profesional y adaptado a las características de cada zona, de cada registro y de cada uno de vosotros, lo mejor es acudir a un despacho especializado en estos asuntos.

7. ¿CUÁNTAS PERSONAS HACEN FALTA PARA CONSTITUIR Y PONER EN MARCHA UNA ASOCIACIÓN DE ESTUDIOS Y USUARIOS DE CÁNNABIS?

Para poner en marcha una asociación, según la Ley Orgánica de 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación, hacen falta un mínimo de tres personas que ocupen los cargos de presidente y secretario, y un tercero que por ejemplo sea vicepresidente, tesorero o vocal.

El número de socios más allá de los tres mínimos no es ninguna exigencia, una asociación puede funcionar perfectamente con 10 que con 100 socios, incluso diferentes miembros de una misma familia pueden funcionar como asociación con la única intención de organizar su propio consumo.

En relación con las asociaciones de cánnabis lo que han venido establecido los jueces en diferentes sentencias en relación con las mismas es que se trate en todo caso de socios usuarios reducido, lo que supone que cuantos menos seáis, más fácil será cumplir con ese requisito, pese a todo tampoco depende todo del tamaño si no de ejecutar el proyecto con las mejores garantías posibles.

8. ¿CUÁNDO SE INICIA EL PLAZO PARA RECURRIR UNA DENUNCIA POR CONDUCCIÓN CON PRESENCIA DE CÁNNABIS EN EL ORGANISMO?

La cuestión no es de poca importancia, muchos usuarios, mal informados, son los que esperan a un segundo análisis que nunca llega, hasta que de pronto se encuentran con un recargo del 20% de la sanción de 1.000 euros, con casi ninguna posibilidad de recurrir y sin ninguna de realizar el pago al 50%.

Este tema, como hemos comentado, es mucho más importante de lo que parece, al parecer se informa a los denunciados acerca de la recepción de un segundo análisis que nunca llega. Este tipo de denuncias, atendiendo sobre todo a las que siguen el procedimiento general, tienen un plazo de 20 días naturales para recurrirlas y presentar alegaciones frente a las mismas o pagar con una reducción del 50% asumiendo que se pierden los puntos. Algunas comunidades autónomas tienen procedimiento singulares en este tipo de sanciones por lo que desde aquí aprovechamos para deciros que en caso de duda contactéis con especialistas en la materia que os proporcionen un mayor asesoramiento, así por lo menos evitaréis sorpresas mayores.

Es importante tener en cuenta que el plazo de estas sanciones es en días naturales, en concreto 20 días. Es decir que para que expire el plazo cuentan todos los días: laborales, sábados, domingos y festivos. El plazo se empieza a contar desde el día que nos imponen la sanción y nos dan el papel (no hay que esperar al segundo análisis).

A pesar de lo manifestado, se ha dado el caso de sancionados por este tipo de multas a los que efectivamente les ha llegado un segundo análisis donde el plazo empezó a contar de nuevo y donde aún estaba vigente el pago con descuento. Son muchos estos casos, pero a pesar de ello la regulación, lo que dice la ley, es como lo hemos referido en un primer momento. Si esperamos, nos podremos encontrar, y es lo más común, con que el segundo análisis nunca llegue y con un recargo que suponga pagar en total como mínimo 1.200 €, la pérdida de la posibilidad de recurrir y de presentar alegaciones. Todo además de la detracción de los 6 puntos del permiso de conducir.

Y ya para concluir hay que tener en cuenta que una vez que nos hemos acogido a la “reducción por pronto pago”, ya no podemos recurrir en la vía administrativa. Eso sí, nos quedaría la posibilidad de recurrir en vía judicial, vía contencioso-administrativa, para intentar que un juez imparcial nos archiven la sanción, nos sentencie la devolución del dinero y el retorno de los puntos que nos detrajeron.